El juicio de residencia a Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros

 Tras el mandato de Juan de Mendoza y Luna como virrey del Perú, en 1618, se inició contra él un Juicio de Residencia que, al igual que se hacía con todos los altos cargos de la Administración del Estado nombrados por la monarquía, se examinaban sus actuaciones y se abría un plazo para quien sintiera haber sido agraviado por el dicho funcionario, lo hiciera saber, aportara pruebas y se examinara el caso.

Terminado su mandato como Virrey del Perú, abrióse el plazo para realizar el preceptivo juicio de residencia contra don Juan de Mendoza y Luna. Fue encargado de dirigirlo, como era habitual, su sucesor en el cargo, don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache. Y aparte de recibirse en el Consejo de Indias, durante un plazo de dos meses, todo tipo de quejas de quienes se consideraran perjudicados por las acciones u omisiones del residenciado, se nombró un juez capitulante, que fue en este caso don Francisco de Vergara Loyola. Sabido es que se admitían en estos casos cualquier tipo de denuncias, siempre que fueran debidamente firmadas, y no se refirieran a asuntos de la Real Hacienda, pues esas faltas pasaban por otro tribunal diferente y se actuaba de oficio en éllas. El capitulante puso 50 acusaciones contra el marqués, de las cuales solo le pareció adecuado al juez de residencia, el virrey príncipe de Esquilache, recoger las 38 primeras, y aun así suavizándolas en muchas de sus expresiones, que eran especialmente ofensivas a la dignidad del marqués.

 Al final del proceso se consideraron algunas faltas, por lo que quedó castigado en la cantidad de 5.000 ducados, mientras que al capitulante, por estimar que se había excedido y ensañado en sus acusaciones y palabras, le condenaron en 8.000 ducados y seis años de destierro del Perú.

 Como una expresión representativa de los capítulos por los que se solía acusar a un Virrey, veremos a continuación, clasificados en temas homogéneos, los cargos que se le imputaban a Montesclaros, y el resultado de los mismos.

Fue el grupo más numeroso de acusaciones las derivadas del descalabro de la batalla de Cañete y defensa del Callao. Recordamos la premura con que hubo de hacerse frente al ataque de la flota pirata de Spielbergen, y la inexistencia de defensas previas. Se le acusó de no haber previsto la suficiente artillería en el ataque de los holandeses; de haber enviado hacia Chile, nombrado general de la Armada, a su sobrino don Rodrigo de Mendoza, con muchos gastos pero sin la suficiente artillería ni navíos; de que en la «jornada de Cañete» no se guardó el orden que se debía, «por cuya causa resultó el notable daño del suceso…» y que el marqués hizo escasa prevención y defensa en el Callao; que en un informe previo a este suceso, el Virrey había escrito al Rey diciéndole que los barcos que había en el Perú eran buenos, cuando él sabía que no lo eran, y que estaban insuficientemente dotados de artillería; que encomendó el arreglo de los navíos a don Antonio de Beamonte, que no era perito en el asunto, por lo que se gastó demasiado (300.000 pesos); que no castigó a quien fue culpado de poner la bandera de paz en la nao capitana, cuando se estaba peleando en Cañete; que su sobrino don Rodrigo, general de la Armada, había dado los cargos de artilleros a gente nueva, sin experiencia, porque eran amigos o criados suyos, y el Virrey no lo castigó; y, finalmente, y referido a su sobrino el general don Rodrigo, se le achacó que todos sabían traficaba con paños de China, y Montesclaros no lo castigó. En cualquier caso, el Consejo de Indias le dió por absuelto de todos estos cargos.

 Otro aspecto del juicio de residencia contra Montesclaros, por el que el noble alcarreño fue considerado culpable, fue el del trato a antiguos conquistadores y sus herederos, teniendo poco cuidado en la distribución de los «repartimientos» y otras prebendas y oficios. Así, fue acusado de dar o ignorar que se daban repartimientos a diversos personajes que no los merecían, permitiendo tenerlos a hembras, o por mas de dos vidas; también se le acusó de dar el repartimiento de Coricollagua a doña Elvira de Avalos, cuando casó con su sobrino don Rodrigo de Mendoza, quitándoselo a los sucesores del capitán Retamoso, que tenían más derecho.

En aspectos no estrictamente hacendísticos, pero sí económicos, Montesclaros tuvo que escuchar las acusaciones formuladas por su capitulante, en orden a que había dado muchas largas para cobrar los 300.000 pesos que a su llegada adeudaban los mineros de Huancavelica, aunque todo se cobró al final; que había gastado excesivamente en la construcción del puente y arco de remate sobre el río Lima; que impidió se continuara la visita de la «nao de Simancas» que zarpaba para México, cuando había acusaciones de que iban en élla un millón de pesos de plata sin declarar; y que había pagado a diversos oficiales reales sus sueldos como propietarios, cuando en realidad eran interinos (eran los casos de Bartolomé de Hoznayo, corregidor de Arequipa; Lope de Torres y Guzmán, corregidor de Loja; Juan de Cetrina Montalvo, tesorero de la Real Hacienda en La Paz, etc.) De todo éllo fue absuelto, excepto de lo último, de lo que fue considerado por el Consejo de Indias como responsable.

También fue dado culpable en el asunto en que se le acusó de haber concedido la exclusiva de fundición de la artillería a Francisco Lopez Hidalgo, sin estimar los mejores ofrecimientos de Bernardino de Tejeda. O en la cuestión de que había sido público y notorio que su secretario Gaspar Rodriguez de Castro «procedía en su oficio con gran nota y codicia», vendiendo intercesiones y favores, y el Virrey, sabiéndolo, no lo castigó, por lo que el tema le costó la multa de 2.000 ducados y la orden de «que tenga cuidado en el modo como viven sus criados». Sin embargo, en otros diversos aspectos fue dado por inocente. Así, en la acusación que se le hizo de que había intervenido amañando las elecciones para provinciales de la Orden de la Merced y de Santo Domingo (respectivamente Fray Hernando de Paredes y Fray Gabriel de Vargas); de que había entregado una de las plazas de Lima a su sobrino don Rodrigo para que en élla construyera una casa, de lo que se derivó fuerte pleito con don Francisco de la Cueva; de que fue padrino en la boda de Manuel de Castro, oidor de la Audiencia de Lima, etc. En cualquier caso, la reputación de don Juan de Mendoza, tras su paso por el Virreinato del Perú, se mantuvo muy buena, y de ahí el respeto con que a su vuelta a la Península fue aceptado por todos y mejorado en sus puestos públicos.